viernes, 6 de noviembre de 2009

Docenio militar (crisis y estancamiento del modelo)

Primera fase
El golpe militar de 1968 no solo canceló al gobierno de Belaunde, sino también a la tambaleante democracia peruana. Se inició así una dictadura de doce años que estuvo conducida, primero, por Velasco (1968-1975) y luego, por Morales Bermúdez (1975-1980).
De forma paulatina, el gobierno militar empezó a restringir el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión. Diversos medios de prensa fueron afectados, como la revista Caretas y los periódicos Expreso y Extra. Los periodistas de oposición fueron perseguidos o deportados. En 1971 se obligó a los canales de televisión y a las radios a vender parte de sus acciones al Estado. Los pocos medios independientes que quedaban, como El Comercio, La Prensa y Ojo fueron finalmente expropiados en 1974.


Segunda fase

En 1975, un pronunciamiento militar puso fin a la «Primera Fase» del régimen. El mando de la nación fue entonces asumido por el general Francisco Morales Bermúdez, bajo cuya batuta la «revolución peruana» siguió un curso distinto.
Esta «Segunda Fase» fue testigo de movilizaciones sociales masivas motivadas por la crisis económica. La más significativa fue la que paralizó completamente al país en julio de 1977. Ante esta clara señal de malestar social, Morales Bermúdez y la cúpula militar no tuvieron más remedio que iniciar el proceso para la transferencia del poder a un gobierno constitucional. A los pocos días del paro, Morales Bermúdez convocó a la elección de una Asamblea Constituyente. Se estableció que a la asamblea podían postular tanto los partidos políticos como las instituciones gremiales, y que todos los peruanos y las peruanas alfabetos mayores de 18 años tenían la obligación de votar en esas elecciones. En dicho proceso se hizo uso del voto preferencial, del distrito electoral único y de la representación proporcional según la cifra repartidora. Salvo Acción Popular, que alegaba falta de garantías para la transparencia del proceso electoral, todos los partidos antiguos participaron, así como algunos nuevos; el resultado, participaron: el Partido Aprista del Perú, el Partido Popular Cristiano (PPC), el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP), el Partido Socialista Revolucionario (PSR), el Partido Comunista Peruano (PCP), el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (Frenatraca), la Democracia Cristiana, la Unión Nacional Odriísta, entre otros.
Cien representantes fueron elegidos y en julio de 1978 quedó instalada la Asamblea Constituyente, presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre. Tras meses de arduo trabajo y enconados debates, el texto de la nueva Constitución quedó listo en julio de 1979 y entró en vigencia en julio de 1980, cuando Fernando Belaunde asumió el poder.

1980 – 1990
Tras doce años de dictadura militar, el Perú retornó a la vida democrática. Sin embargo, los nuevos tiempos plantearon también nuevos y difíciles retos, a los que tuvo que hacer frente el nuevo gobierno de Belaunde.
El gobierno de Belaunde heredó del régimen anterior un aparato estatal muy grande e ineficiente, una inflación anual por encima del 60% y una pesada deuda externa. En un primer momento, por lo menos hasta 1982, el gobierno pudo sortear y superar estos obstáculos. Sin embargo, hacia 1983 la economía del país se vio en una situación difícil por una serie de factores: los estragos que ocasionó en la agricultura el fenómeno climático del Niño (1983); el descenso de los precios de las exportaciones, producto de una crisis mundial; la libre importación, que afectó a la mal preparada industria nacional, y un mal refinanciamiento de la deuda externa. La baja producción, una inflación que parecía tornarse incontrolable y el desempleo perfilaron los últimos años del gobierno.

Con la finalidad de encontrar una solución a la crisis heredada del gobierno belaundista, se inició una política económica que algunos calificaron de «heterodoxa» y otros de «innovadora». Como apuntan los historiadores Carlos Contreras y Marcos Cueto, la inflación trató de ser combatida mediante controles de precios, devaluaciones y congelamiento del tipo de cambio. Al mismo tiempo, el gobierno trató de proteger la industria nacional, por ejemplo, mediante altos aranceles. Durante un tiempo estas medidas fueron efectivas, pues se logró reducir la inflación y la producción logró cierta reactivación. Luego todo empezó a fallar. Según los analistas, esto se debió a la aplicación de medidas cortoplacistas por un tiempo demasiado prolongado.

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